La informalidad laboral es una de las deudas más persistentes de la economía argentina. No se trata de un fenómeno coyuntural ni de un problema que se limite a un sector específico: es una condición estructural que afecta a millones de trabajadores, erosiona la base contributiva del sistema previsional y condena a una porción significativa de la fuerza laboral a ingresos bajos, inestabilidad y ausencia de derechos. Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC permiten dimensionar su alcance y entender quiénes son los más afectados.
Las cifras generales
Según los últimos datos disponibles, el 36,1% de los asalariados argentinos trabaja sin registro formal. Si se amplía la definición para incluir a los trabajadores independientes en condiciones de informalidad, la cifra trepa al 42%, lo que equivale a casi 9 millones de personas sobre un universo de 21,1 millones de ocupados. Son trabajadores que no tienen aportes jubilatorios, no acceden a obra social por su empleo, no cobran aguinaldo ni vacaciones y, en muchos casos, carecen de cualquier tipo de contrato escrito.
Este no es un problema nuevo. Desde 2015 la tendencia es ascendente: la tasa de empleo asalariado no registrado pasó del 32,6% al 36% actual, y cada ciclo recesivo tiende a agravar el cuadro porque el empleo informal funciona como variable de ajuste. Durante 2024, mientras el empleo formal se contrajo en 147.000 puestos, el empleo informal creció en 132.000.
Los sectores más afectados
La informalidad no se distribuye de manera uniforme. El servicio doméstico encabeza el ranking con un 77% de trabajadores no registrados, seguido por la construcción con un 76,6%. Ambos sectores comparten características que explican estos niveles: unidades productivas muy pequeñas, relaciones laborales individualizadas y una fiscalización estatal que enfrenta enormes dificultades para alcanzar a miles de hogares empleadores o a pequeños emprendimientos constructivos dispersos por todo el territorio.
Hoteles y restaurantes registran una informalidad del 63,2%, el comercio del 51,9% y el sector agropecuario supera también el 60%. En el otro extremo, la minería, el petróleo y los servicios financieros presentan niveles inferiores al 15%, sectores donde predominan empresas medianas y grandes con mayor capacidad de cumplimiento normativo y donde los sindicatos tienen presencia consolidada.
Jóvenes, mujeres y el norte del país
Tres variables agravan el cuadro. La primera es la edad: entre los menores de 29 años, la informalidad alcanza al 58,7%. Para muchos jóvenes, el primer empleo es en negro, y esa condición inicial tiende a perpetuarse a lo largo de trayectorias laborales precarias. La segunda es el género: las mujeres presentan una tasa de informalidad del 43,4% frente al 40,9% de los varones, diferencia que se explica en parte por el peso del servicio doméstico, un sector casi exclusivamente femenino.
La tercera dimensión es territorial. Las provincias del norte concentran los peores indicadores: Salta (53%), Santiago del Estero (51,1%), Tucumán (50,2%) y Corrientes (49,7%). En contraste, la Patagonia exhibe niveles sensiblemente menores: Tierra del Fuego (14,3%), Santa Cruz (19,4%), Chubut (22,4%). Esta brecha refleja diferencias profundas en la estructura productiva, el peso del empleo público y el grado de formalización de la actividad privada en cada región.
La brecha salarial
Trabajar en la informalidad no solo implica ausencia de derechos laborales; también significa ganar menos. Los datos de la EPH muestran que un trabajador no registrado percibe, en promedio, entre un 40% y un 50% menos que un asalariado formal con tareas similares. Esta brecha se amplifica cuando se la cruza con la inflación: los salarios informales carecen de mecanismos de actualización como las paritarias, de modo que cada aceleración de precios profundiza la caída del poder adquisitivo.
La consecuencia social es directa. Según estimaciones basadas en la EPH, dos de cada tres trabajadores informales son pobres, y uno de cada cuatro se encuentra en situación de indigencia. La informalidad no es solo un problema de mercado laboral: es uno de los principales vectores de reproducción de la pobreza en Argentina.
Un problema sin soluciones simples
Cuatro décadas de intentos por reducir la informalidad con resultados modestos muestran la profundidad del desafío. Las moratorias impositivas, los regímenes simplificados de registro y los programas de incentivo han logrado avances parciales, pero la tasa de informalidad sigue siendo estructuralmente alta. La clave parece estar en atacar las causas de fondo: una estructura productiva con baja productividad en sectores intensivos en mano de obra, costos laborales que desincentivan la formalización en unidades pequeñas, y una fiscalización que no alcanza a cubrir el territorio.
Para seguir la evolución de estos indicadores, podés consultar nuestro tablero de empleo y salarios y nuestro tablero de la Encuesta Permanente de Hogares. La relación entre informalidad e ingresos reales puede explorarse en nuestro tablero de inflación y precios relativos.
Fuentes: INDEC (EPH, Indicadores de informalidad laboral), OIT, CIPPEC, Ministerio de Trabajo de la Nación.
